miércoles, 23 de enero de 2013

TENACATITA SIGUE SECUESTRADA

20/enero/2013 Estatal. 

 Han pasado 28 meses desde que la playa de Tenacatita, ubicada en el municipio de La Huerta en la costa de Jalisco, fue secuestrada y privatizada por una controvertida decisión judicial. La resolución del juez estatal concedida a la empresa Rodenas, cuyo representante es el controvertido empresario José María Andrés Villalobos, fue impuesta por la fuerza y la represión con un operativo de la Policía del Estado.

Más de 200 uniformados llegaron la madrugada del 4 de agosto de 2010 a desalojar a los más de 100 pobladores, comerciantes y pescadores que tenían sus hogares, comercios y formas de ganarse la vida en esa playa. Sin explicación de por medio, fueron desalojados por la fuerza y en medio de golpes, insultos y amenazas.

En el hecho sufrieron un doble despojo: el despojo de la playa donde vivían y se ganaban la vida; y el despojo de sus pertenencias y propiedades. Uno de ellos tenía un restaurante y ofrecía paseos deportivos a los turistas; a una mujer de origen extranjero le arrebató el hotel que con años de trabajo había levantado. Todo les fue arrebatado. Casas, hoteles, comercios y todo lo que tenían dentro, fue despojado de manera violenta y traumática.
Primero quedó para disfrute de policías estatales y ahora ha sido apropiado por los guardias privados contratados por el empresario Andrés Villalobos.

Desde el desalojo violento ocurrido en agosto de 2010, los pobladores de Tenacatita, el ejido de El Rebalse al que pertenece y el gobierno municipal de La Huerta han pedido a las autoridades estatales y federales que resuelva a su favor un litigio de enormes repercusiones sociales. Pero ha sido en vano. De hecho, según informó el regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador Magaña, la concesión a Rodenas venció esta misma semana, y sin embargo, el uso de la playa sigue privatizada de facto por los guardias de Rodenas.

Los pobladores de Tenacatita tenían una ligera esperanza de que el relevo de gobierno municipal y federal pudiera cambiar el viento a su favor, pero no ha sido así.

Por el contrario, las vacaciones de Enrique Peña Nieto en la costa de Jalisco hablan de las fuertes relaciones que los empresarios que despojan las playas de Jalisco mantienen con el poder político. Es justamente ese anudamiento de intereses empresariales, políticos y hasta de la delincuencia organizada las que empujan la marea de despojo más grande de la historia reciente, no sólo en la costa de Jalisco, sino en todo el estado.

Esa marea despojadora y privatizadora se está comiendo lo que hasta hace poco era de dominio público, para disfrute común. Ahora ya no es así, 90 por ciento de las playas de Jalisco han sido despojadas, están privatizadas.

Ante la complicidad de los gobiernos y de los poderes políticos con los despojadores, sólo queda la autoorganización de los pueblos despojados.

Texto publicado en El Respetable el 14 de enero del 2013. Autor: Rubén Martín. 

PIDEN ORGANIZACIONES CIVILES JUICIO POLITICO CONTRA EL GOBERNADOR DE JALISCO

GUADALAJARA, Jal.

Inconformes con su “inaceptable conducta”, organizaciones civiles exigieron al Congreso local que promueva ante el Senado una solicitud de juicio político contra el gobernador Emilio González Márquez.

Representantes del Centro Jalisciense de Apoyo al Adulto Mayor y al Migrante, de la Coordinadora 28 de Mayo y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, realizaron una manifestación en la Plaza de Armas en la que protestaron por “los excesos, el despilfarro y desfalco a las arcas públicas” cometidos por el mandatario panista.

Gilberto Parra Rodríguez, representante de los adultos mayores y de los migrantes, denunció que González Márquez destinó decenas de millones de pesos en frivolidades, donativos a ricos y famosos, como la golfista Lorena Ochoa, y el corredor de autos Sergio Pérez, sin olvidar los “costosísimos” Juegos Panamericanos.

El representante de los exbraceros dijo que pedirán a los diputados locales que tramiten la solicitud de juicio político al Senado porque el mandatario panista no puede irse impune.

Al gobernador lo acusan de violar los derechos de ejidatarios en la construcción de las Villas Panamericanas; privatizar tierras en las playas de Tenacatita; atentar en contra de los habitantes de Temacapulín al avalar la construcción de la presa El Zapotillo; y afectar a cientos de peatones, ciclistas, automovilistas, transportistas y comerciantes con la instalación del Macrobús sin consultar a los ciudadanos.

Gabriel Parra mencionó que el mandatario se negó a publicar el reglamento de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, situación que aprovechó para entregar pensiones de 500 pesos, cuando debieron ser de 900 pesos.
“De una partida presupuestal de 200 millones solamente gastó 91 millones de pesos para el año 2012, es decir, él dispuso arbitrariamente de más de 100 millones de pesos que estaban etiquetados para adultos mayores de 70 años”, dijo.



martes, 8 de enero de 2013

POLICIAS PRIVADOS Y ESTATLES SIMULAN RETEN EN LA ENTRADA DE LA PLAYA DE TENACATITA

Policías privados y estatales simulan retén en la entrada de la playa de Tenacatita

• A 28 meses del desalojo, la entrada a la playaestá vigilada por guardias privados y el horario limitado de 8:30 a 17:30 horas

Un cerco eletrificado impide el acceso a la playa fuera de los horarios establecidos por la empresa Inmobiliaria Rodenas. Foto La Jornada Jalisco

Analy S. Nuño.- A 28 meses del desalojo irregular en la bahía de Tenacatita por órdenes del secretario del Juzgado Mixto en Cihuatlán a favor de la empresa Rodenas Inmobiliaria, elementos de seguridad privada continúan restringiendo el acceso y resguardan un cerco colocado sobre la carretera que conduce a la bahía. Sólo permiten el ingreso en un horario de 8:30 a 17:30 horas.
Desde el 4 de agosto de 2010 la situación de la playa no se ha modificado, pues el lugar permanece vigilado por al menos 7 policías privados y estatales y una malla ciclónica electrificada mantiene el lugar aislado. Ahí cuelga un letrero: “Propiedad privada, Inmobiliaria Rodenas”.
Desde esa fecha, para controlar el acceso a la playa, los elementos armados simulan un retén militar al pie de la carretera. Los visitantes que solicitan entrar a la playa tienen que identificarse con algún documento oficial, permitir que su vehículo sea revisado, dejar videograbadoras, cámaras y celulares en la caseta colocada en el mismo lugar y cumplir con el requisito de llegar dentro del horario establecido por la empresa.
–Buenas tardes –dice un turista al policía–, oiga quiero entrar a playa, ¿no se puede?
–Mire jefe –responde el uniformado del otro lado del cerco–, tenemos un horario para entrar, es de 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de tarde y ya son las 6, ya no puede entrar.
–¡Ah caray! –contesta el señor que va acompañado por otras dos personas– entonces ya no puedo hoy. Pero si mañana regreso, ¿sí se puede?
–Sí, pero no hay servicios, eh, no hay restaurantes, ni hoteles, ni palapas, nada más es la playa.
Lo anterior sucede todos los días a pesar de las distintas órdenes y resoluciones emitidas a favor de los lugareños, mismas que han sido desacatadas por el dueño de la firma, José María Andrés Villalobos.
Tanto los lugareños como las autoridades actuales esperan que dicha situación cambie en marzo, una vez que tome posesión como gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pues fue durante su campaña, en la plaza principal de La Huerta, cuando el priísta se comprometió a solucionar la problemática desde el primer día de su gobierno.